Las víctimas de accidentes de tráfico, escépticas ante la actualización de las indemnizaciones al IPC

Un artículo de Luis Javier Sánchez

Asociaciones de abogados de víctimas de accidentes de tráfico alertan de que si la Dirección General de Seguros no publica una actualización de las Mesas y las cuantías indemnizatorias contenidas en el baremo de accidentes de tráfico incluyendo el 1’6% perdido del 2021, las víctimas de accidentes perderán más poder adquisitivo que los propios pensionistas.

Xavier Coca, presidente de la Asociacion de Abogados de Víctimas de Accidentes de Cataluña (ADAVIAC), explica a Confilegal que desde el 2015, y de forma incomprensible, las indemnizaciones dejaron de actualizarse anualmente con el IPC para pasar a ser actualizadas con el índice de las pensiones públicas.
“Desde entonces y con la inflación, las indemnizaciones han ido perdiendo valor, y si bien estos últimos años, gracias a las correcciones históricas al alza de las pensiones públicas y la situación deflacionaria del 2020, estas pérdidas se han maquillado, a partir de este año, con un IPC disparado al 6,5% y un incremento de las pensiones del 2,5%, la pérdida de valor de las indemnizaciones y el efecto perverso que tendrá, sobre todo, con los grandes lisiados, no tiene ninguna justificación ni política ni económica, pues aquí solo sale ganando el sector asegurador” aclara.

Xavier Coca es también presidente de la Sección de Derecho de la Circulación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y fue representante del Consejo General de la Abogacía Española en el Grupo Plenario para la Reforma del Baremo de accidentes de tráfico durante los años 2010 a 2015. A este respecto, ADAVIAC, junto con otras asociaciones representativas como la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) y la Asociación de Abogados de Víctimas de Responsabilidad Civil (ADEVI), han pedido a la Ministra de Justicia y a la DGS que publiquen la actualización del Baremo del 2022 como mínimo con el 4,10% para minimizar el daño económico a las víctimas de accidentes de tráfico.

Al mismo tiempo, las Asociaciones han hecho llegar ahora un escrito conjunto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y a la Dirección General de Seguros para que se tomen medidas inmediatas para evitar más castigos a las víctimas de accidentes de tráfico.

Las asociaciones de abogados de víctimas de accidentes de tráfico (ADAVIAC, ANAVA y ADEVI) acaban de ganar la batalla al Ministerio de Justicia en cuanto a la retirada de la idea de Hacienda de que tributasen dichas indemnizaciones.

Al mismo tiempo, las Asociaciones han hecho llegar ahora un escrito conjunto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y a la Dirección General de Seguros para que se tomen medidas inmediatas para evitar más castigos a las víctimas de accidentes de tráfico.

Estas asociaciones recuerdan que la resolución de 2 de febrero de 2021 de la Dirección General de Seguros publicó un incremento de las indemnizaciones en un 0,9%, conforme a la previsión realizada a la Ley de Presupuestos del Estado de aquel año.
Finalmente, el incremento del IPC en 2021, ha estado en el 2,5%, porcentaje que finalmente se ha aplicado a la revalorización de las pensiones, pero no así al baremo de indemnizaciones.
El incremento de las indemnizaciones para 2021 tendría que haber estado del 2,5%, y considerando que ya se incrementaron en un 0,9%, falta para incrementar un 1,6%.
También señalan que el índice de revalorización de las pensiones por este año 2022 ha sido el 2,5%, por lo tanto, en aplicación del arte. 49.3 del Real decreto legislativo 8/2.004, a las indemnizaciones establecidas para el año 2021, en la Resolución de 2 de febrero de 2021, tiene que aplicarse el incremento del 1,6% que falta del año 2021 y el 2,5% para el año 2022
En consecuencia, el incremento de las indemnizaciones, conforme a la redacción actual de la Ley, tiene que ser el 4,1%, no del 2,5%, a menos que se considere a las víctimas de accidentes persones con menos derechos que los pensionistas.

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Por su parte, Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC, comenta que “a partir de la reforma del 2015, por empeño del ministro Montoro la actualización ya no fue por IPC, sino que se había por el índice del crecimiento de las pensiones que suele ser un 0,25. Con ese índice se ha perdido mucho poder adquisitivo”.

A su juicio, «esta disposición genera, año tras año, una indudable pérdida de nivel adquisitivo de las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes, que, recordemos, buscan la total indemnidad del perjudicado tanto por fallecimiento, como por lesiones como daños sufridos en accidente de circulación por culpa de un tercero».

En este contexto señala que desde el año 2015 hasta diciembre de 2021, pandemia por medio, «el IPC ha subido un 13,2%, por lo que las víctimas ven, año tras años, mermadas sus indemnizaciones en relación con el coste real de la vida».
Este jurista también indica que llama la atención la pasividad de la Dirección General de Seguros que desde hace muchos años no tiene entre sus prioridades fijar rápidamente, mediante la correspondiente resolución, «la actualización de las sumas económicas del baremo que tanto las víctimas, abogados, aseguradoras y los tribunales tienen como base para cuantificar las indemnizaciones y que, algún año, ha publicado nada menos que en el mes de marzo«.
En su opinión, hay que señalar para este año que el índice de revalorización de las pensiones correspondiente al año 2022 ha sido el 2,5%, pero a ello hay que sumar “la paguita” que el Gobierno, en esa agenda social que proclama y publicita, concede a los pensionistas del 1,6% para paliar, precisamente, su pérdida de nivel adquisitivo ante la alocada subida del IPC del 6,5%.

Por lo tanto, si la Dirección General de Seguros es coherente con la norma, y hace su labor de órgano regulador del sector, debe de actualizar el baremo en un 4,1% y debe de hacerlo ya.

ACTUALIZAR LAS BASES TÉCNICAS

Por su parte, el abogado Xavier Coca recuerda que para el cálculo de las indemnizaciones por lucro cesante futuro y ayuda de tercera persona de los grandes lisiados existen unas Bases Técnicas realizadas por actuarios de seguros que, según la propia Ley, hay que actualizar cada tres años.

Durante el año pasado, cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley, ya se presentó el nuevo proyecto normativo que corregía todos los errores del pasado y actualizaba todos los cálculos a la nueva realidad económica, suponiendo un incremento exponencial de las indemnizaciones tanto de lucro cesante (las que compensan el dinero que deja de ganar una víctima por no poder volver a trabajar consecuencia de sus secuelas) como las de ayuda de tercera persona.

“Estas nuevas bases técnicas tenían que haber entrado en vigor el 1.1.22, pero a fecha de hoy no se sabe nada, implicando un nuevo menosprecio de estas grandes víctimas, a las cuales se los sigue aplicando unas indemnizaciones por lucro cesante y ayuda de tercera persona equivocadas y con grave perjuicio económico para ellas, por el que se pide la inmediata publicación”, comenta Xavier Coca.

Desde ANAVA-RC, ADAVIAC y ADEVI también se señala que es necesario la introducción urgente de la nueva reforma de la Ley 35/2015 de conformidad a las mejoras propuestas por el informe Razonado de la Comisión de Seguimiento del Baremo.
Estas entidades aclaran que igual que con las bases técnicas actuariales, la ley también prevé que cada tres años se elaborará un Informe Razonado por la Comisión de Seguimiento de la propia ley donde se valorarán las repercusiones económicas y jurídicas de la misma y se propondrán las mejoras de su regulación e indemnización.
Después de más tres años de trabajos, la Comisión hizo público, en julio de 2020, este informe, que contiene 50 recomendaciones para la reforma urgente del sistema, la gran mayoría con correcciones y mejoras sociales para personas especialmente vulnerables.

Según el Plan Normativo para 2.022 no se encuentra en ninguna parte la previsión de esta reforma legislativa a pesar de que, prácticamente, solo hay que adaptar el informe.

Como comentario final indican que el Estado tiene obligación de transponer a su normativa interna la Directiva 2021/2118 relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, tal vez, en esta norma interna tienen que incluirse estas reformas, por eso, las asociaciones de abogados de víctimas, han trasladado su preocupación frente a todas estas ausencias que solo suponen que más perjuicios para las víctimas de accidentes de tráfico.