Has sufrido un accidente de tráfico? Reclama la indemnización que te corresponde.

• Las indemnizaciones por accidentes de circulación se regulan por un baremo que se publica en el BOE y se actualiza anualmente.
• Este año las compensaciones para las víctimas de accidentes de tráfico se han elevado un 4,13% respecto a las publicadas el 2021

Si has sido víctima de un accidente de tráfico tienes derecho a recibir una indemnización siempre que, a ojos de la Ley, exista una acción u omisión negligente por parte de un tercero en la producción de un mal concreto y relación de causalidad entre ambas. Sin embargo, hacer el cálculo de esta indemnización no es sencillo y su cuantía puede variar mucho en función de algunos factores como la legislación vigente, el baremo aplicable, las circunstancias personales, económicas o específicas de cada perjudicado y el asesoramiento jurídico de los abogados especializados en el tema que reciba la víctima, donde el conocimiento de la legislación, sus ventanas y excepciones y la jurisprudencia que la interpreta es fundamental por no obviar ningún concepto indemnizable y no errar en su cálculo final.

A continuación te explicamos cómo se calculan las indemnizaciones por accidentes de tráfico y que tienes que tener en cuenta en la hora de reclamarlas.

Cuánto cobra la víctima de un accidente de tráfico el 2022?

El cálculo de esta indemnización se basa en el concepto jurídico de la “restitutio in integrum” que consiste a devolver al lesionado a la situación anterior al accidente. Ahora bien, dependiendo de la gravedad del accidente no siempre es posible que el afectado recupere el estado de salud anterior y en estos casos es cuando tiene que ser indemnizado por las secuelas, perjuicios estéticos y económicos y de todos los daños ocasionados por el accidente, incluidos los daños morales.

La indemnización que percibe la víctima de un accidente de tráfico depende del tipo de daño sufrido y de la duración de éste. Para calcular la cuantía a recibir por los afectados por incapacidad temporal o tiempo de curación y por incapacidad permanente o secuelas hay que tomar como referencia la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos de Motor, contenida en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, las sucesivas modificaciones legislativas sufridas (la más reciente, la promovida por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), la Guía de las Buenas Prácticas, publicada periódicamente por la Comisión de Seguimiento del Baremo, y las actualizaciones de las mesas económicas del Sistema de valoración que se publican anualmente en el Boletín Oficial del Estado. Estos son los elementos básicos del sistema legal para valorar los daños y perjuicios producidos y tiene como objetivo individualizar la indemnización atendidas las circunstancias de cada caso concreto.

Las tablas que hacen referencia al daño moral y corporal de las indemnizaciones se actualizan anualmente para que las indemnizaciones no pierdan valor con el paso de los años, y aunque hasta el año 2015 esta actualización se producía con el IPC como índice de referencia, desde la entrada en vigor de la Ley 35/2015, es decir, para todos aquellos accidentes producidos a partir del 1.1.2016, estas actualizaciones se llevan a cabo a través del Índice de las Pensiones Públicas, que se publica anualmente en la Ley de Presupuestos del Estado. Este año 2022 el baremo ha incrementado en un 4,13% respecto al del año anterior, cuantía sustancialmente inferior al extraordinario incremento que el IPC ha tenido este año (6,5%) y, si la tendencia inflacionaria de este año continúa igual, muy probablemente nos plantamos al 2023 con un IPC disparado por sobre el 10%, inflaciones que no se recuerdan en nuestro país desde los años ochenta.

La Ley determina en su artículo 40.1 que el baremo aplicable será siempre el del año en el cual tiene lugar el accidente, pero con la actualización correspondiente al año en que se determine su importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial. Esto significa, si seguimos la tesis del valorismo (o valorista) y de deuda de valor con la que se inspiró el legislador con la redacción de este artículo, que las indemnizaciones se tendrán que calcular con el baremo vigente a fecha del accidente, pero si el pago o sentencia se produce o dicta en años sucesivos, la indemnización habrá que actualizarla conformo la variación del IPC de estos años, único índice que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo en el pago diferido en años de deudas económicas.

Esta disfunción del Sistema, es el que ha provocado que dentro de las 52 propuestas de mejora del Sistema de Valoración elaboradas y aprobadas por UNANIMIDAD por la propia Comisión de Seguimiento del Baremo, en el Informe Razonado publicado el julio de 2020 se pida volver a la actualización anual de las cuantías del Baremo, previsto en el artículo 49, conforme al IPC.
Con este complicado sistema regulatorio, muy a menudo no es nada fácil ponerse de acuerdo con las compañías de seguros en la cantidad a indemnizar y, en general, siempre va en perjuicio de las víctimas.

En qué casos la víctima tiene derecho a una indemnización?

La Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos de Motor determina cuando la víctima del siniestro es tributaria de una indemnización. En este sentido, contempla dos tipos de pérdidas:

• Las consistentes en daños personales.
• Las que suponen daños materiales.

En ambos casos el responsable de pagar por los daños es la compañía aseguradora del conductor responsable, incluso cuando el accidente ha estado por causas fortuitas que no tienen que ver con malas prácticas. Por eso, la solicitud de reclamaciones de un accidente de tráfico siempre se tiene que tramitar con la compañía aseguradora del conductor responsable.

Sin embargo, no son las aseguradoras quienes deciden las cuantías de las indemnizaciones, puesto que si así fuera podrían producirse conflictos de intereses que podrían perjudicar al lesionado y/o perjudicados. Para hacer este cálculo es necesario la intervención de abogados especialistas en la reclamación de accidentes de tráfico que cuenten con la colaboración de peritos médicos independientes para valorar las lesiones de manera objetiva.